La
crisis no es un hecho meramente casual, sino que viene determinada
por los propios fundamentos del capitalismo: medios de producción en
manos privadas para el enriquecimiento de unos pocos, producción de
bienes materiales sin control alguno, crecimiento ilimitado,
consumismo desaforado (lo que, además de generar la llamada crisis
de superproducción y los desequilibrios económicos asociados a la
misma, conduce al agotamiento de los recursos naturales y a la
degradación del medio ambiente), creación de todo tipo de burbujas
inmobiliarias, crediticias, financieras...
Desde
el estallido de la crisis económica, los gobiernos de turno (no
importa si estos eran sociolistos o populares), a instancias
de la Comisión Europea, el F.M.I. y el B.C.E., nos han impuesto toda
una serie de medidas dirigidas a que seamos los trabajadores, los
pensionistas, los desempleados, las clases populares en definitiva,
los que paguemos las consecuencias de sus políticas codiciosas, de
su ambición sin límites, de la crisis que ellos han provocado. En
este sentido, debemos reseñar algunas de las medidas que se están
adoptando a fin de conseguir que seamos efectivamente los sectores
populares quienes corramos con los costes de la crisis:
-La última reforma
laboral (que no hace sino desarrollar lo ya apuntado en la anterior, impuesta por el Gobierno Zapatero) es, sin duda, la
más agresiva desde los tiempos del franquismo, y con ella,
sorprendentemente, se pretende crear empleo abaratando el despido,
facilitando una mayor desregulación de las relaciones laborales y
otorgando un poder ilimitado al empresario para imponer sus
condiciones en detrimento de los derechos de los trabajadores.
-La reforma educativa
ha aumentado el ratio de alumnos por aula, ha precarizado de manera
muy importante las condiciones laborales del profesorado, reduciendo
a su vez las becas y endureciendo las condiciones de acceso a las
mismas. Se impone de la forma más descarada una educación elitista
y mercantilizada. Esto ya se daba, pero ahora se muestra en toda su
evidencia.
-La reforma
sanitaria, lejos de racionalizar el acceso a la salud pública de los
ciudadanos, lo que persigue es que ésta deje de ser pública,
universal y gratuita, dejando sin cobertura sanitaria a amplios
sectores de la población, como ocurre con la población inmigrante,
los mayores de 26 años que no hayan cotizado a la Seguridad Social
(y éstos son muchos, teniendo en cuenta que la mitad de nuestra
juventud se encuentra en situación de desempleo), o a gran parte de
los trabajadores en paro que hayan agotado las prestaciones por
desempleo. Fruto de esta misma reforma, nos encontramos con el repago
farmacéutico, por el que los pensionistas tendrán que abonar un
porcentaje de los medicamentos en función de su renta. Asimismo, los
trabajadores tendrán que pagar un porcentaje mayor de los
medicamentos dependiendo de su situación laboral y de su renta,
también en los referente a prótesis, preparados dietéticos, en
ambulancias que no se consideren urgentes, en
tratamientos de diálisis, quimioterapia etc.. Por otra parte, se
desfinancian 417 fármacos de uso común que hasta ahora
eran gratuitos o estaban financiados. Podríamos hablar igualmente de
la situación en que van a quedar muchas personas dependientes, a
quienes también afecta de un modo especialmente grave esta llamada
reforma sanitaria. Todo ello constituye un auténtico atentado contra
los derechos sociales que tanto ha costado conquistar.
-Se están
privatizando gran parte de los servicios públicos (siendo el objetivo privatizarlos absolutamente todos). Éstos servicios, lejos de
abaratarse o de mejorar su funcionamiento, como de forma totalmente
falaz y espuria intentan vendernos, no harán sino deteriorarse cada
vez más. Los estrictos sistemas de seguridad en el ferrocarril, por
poner un ejemplo, se relajarán o desaparecerán. La seguridad no es
rentable. Y ya sabemos que la rentabilidad es lo único que importa a
la llamada iniciativa privada. El único objetivo de estas
privatizaciones es la de enriquecer a los de siempre, empobreciendo a
la inmensa mayoría.
-El Real Decreto Ley
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento
de la competitividad, por el que se reducen las cotizaciones sociales
empresariales, en detrimento de las arcas de la Seguridad Social, es
también especialmente sangrante. El IVA, en su tramo general, sube
de un 18% a un 21%, el reducido de un 8% a un 10%, existiendo
productos como gafas, lentillas o material escolar que pasan de un 8%
a un 21%; las retenciones de autónomos pasan de un 15% a un 21%; se
les suprime la paga extraordinaria de Navidad a los funcionarios y
empleados públicos (que, aunque los diferentes gobiernos intenten
jugar la baza de la división, son también trabajadores, y algunos
se sorprenderían de hasta qué punto está extendida la precariedad
en las administraciones públicas). Se reducen significativamente las
indemnizaciones del Fondo de Garantía Salarial a los trabajadores
para casos de insolvencia o concurso de acreedores de las empresas.
Todas
estas medidas tomadas por la llamada clase política, en connivencia
con los poderes económicos y financieros a los que sirven, y con la
inestimable colaboración de organismos como el FMI o el BCE, que
carecen de ninguna legitimidad democrática (los políticos son
elegidos mediante procesos electorales que no pueden ser calificados
más que de farsas; y a estos últimos, a los organismos
internacionales, no les elige absolutamente nadie), son, según
ellos, necesarias, imprescindibles e inaplazables. Evidentemente lo
que suponen es la abolición total y absoluta del pírrico Estado de Bienestar que hemos tenido durante unos pocos años.
Están desarrollando
un golpe de Estado, que pretende eliminar de un plumazo todos los
derechos adquiridos en décadas de lucha obrera y popular. Vivimos en
un estado de excepción económico, social y político. Y esto
último, el estado de excepción en su sentido político y policial,
se pone de manifiesto con medidas como la reciente reforma del código
penal, cuya intención represiva, fascista en el fondo y en la forma
(el franquismo nunca terminó de irse en este país, sino que adoptó
otros aspectos), es evidente. Al margen de la demagogia con que se ha
presentado, el objetivo de esta reforma es sólo uno: dotar aún más
al Estado de las herramientas para poder perseguir y criminalizar a
la disidencia política.
El
sistema capitalista desde su aparición ha ido desarrollando
diferentes fases. Ahora nos encontramos en su etapa de dominio del
capital financiero, de los monopolios y del imperialismo. La crisis
económica que el capitalismo arrastra desde hace varias décadas, y
que ha repuntado en los últimos años, impuso la necesidad de acabar
con la producción industrial tradicional en los llamados países
avanzados, impulsó la cultura del consumo desaforado, estimuló el
desarrollo de las comunicaciones y las nuevas tecnologías de la
información, los mercados (principalmente los mercados financieros)
se desregularon, las empresas transnacionales extendieron la
producción y las inversiones por todo el planeta, en busca de la
rentabilidad más fácil, trasladándole desde Occidente a los
llamados países emergentes, donde los salarios son
significativamente menores y la legislación laboral es
extremadamente laxa o simplemente no existe.
Todo
esto nos ha llevado a un capitalismo financiero, especulativo, a una
especie de economía de casino, que genera grandes beneficios a una
pequeña parte de la población y sufrimiento y miseria para la
mayoría, es una filosofía basada en la más absoluta de las
codicias.
El
sistema capitalista evidentemente ha demostrado ser capaz de generar
una cantidad de riqueza ingente, pero que se distribuye de una manera
cada vez más injusta, creando una brecha que ya resulta insoportable
entre los más poderosos y el resto de la población. El capitalismo
ha demostrado ser incapaz de dar satisfacción a las demandas de los
ciudadanos.
Y
en este contexto de malestar y crispación social donde un día sí y
otro también, se producen manifestaciones, concentraciones,
asambleas de trabajadores, huelgas, es donde el Estado muestra su
faceta más represora, cargando brutalmente en las manifestaciones,
deteniéndonos, identificándonos para multarnos, agrediéndonos por
el mero hecho de exigir nuestros derechos como trabajadores, como
ciudadanos, como personas, encarcelando en no pocos casos.
Salir
a la calle es condición necesaria pero no suficiente para lograr
nuestros objetivos. Resulta imprescindible la organización mediante
la creación en los centros de trabajo, en los barrios o en los
pueblos de asambleas, de comités de resistencia popular u otros
organismos para hacer frente a las agresiones del capital; y no sólo
para resistir o defendernos de estas agresiones, sino para ir creando
las condiciones políticas, ideológicas y organizativas que en algún
momento nos permitan pasar a la ofensiva e iniciar un proceso de
superación del sistema capitalista, de transformación social
revolucionaria. Mientras el capitalismo siga en pie no podremos hacer
efectivos y permanentes los objetivos por los que luchamos.
¡¡SI
TÚ NO DEFIENDES TUS DERECHOS, NADIE LO HARÁ POR TI!!
¡¡ORGANÍZATE
Y LUCHA!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario