Un joven
anticapitalista francés ha sido asesinado por la extrema derecha. Los medios y
los dirigentes políticos han procurado, como en otras ocasiones, presentar las
cosas como un hecho aislado o como una consecuencia de las “guerras entre
bandas”, entre “radicales y extremistas”, que es el adjetivo bajo el que
pretenden aglutinar a fascistas, comunistas o anarquistas, para así confundirlo
todo: “los extremos se tocan”, no existen diferencias entre los “radicales” de
izquierda y los de derecha... En fin, los lugares comunes del discurso oficial
que nos son tan familiares.
¿Pero qué hay realmente detrás de
éste y de otros asesinatos cometidos por la extrema derecha? ¿Los extremos se
tocan y unos y otros “radicales” son en esencia lo mismo o, por el contrario,
un extremo está al servicio de los Estados capitalistas y el otro extremo
representa la oposición y el combate contra esos mismos Estados capitalistas?
En nuestra opinión, las acciones de
la extrema derecha son parte integrante de la estrategia represiva de los
Estados capitalistas, y esto se pone particularmente de manifiesto en los
períodos de crisis y de agudización de la conflictividad social, como lo es el
que estamos atravesando. Los incontrolados de la extrema derecha no lo
son tanto y de un modo u otro son los Estados capitalistas los que dirigen sus
pasos, dejándoles hacer o directamente marcando objetivos.
Alguien puede pensar que la extrema derecha no son más que una
panda de descerebrados que actúan guiados por una especie de instinto
depredador, lo que, en ocasiones, les lleva a cometer algún asesinato. Sin
embargo, es precisamente esto lo que les hace tan útiles para los Estados
capitalistas.
En nuestro país, encontramos
numerosos ejemplos de utilización de la extrema derecha para la eliminación de
objetivos concretos y de otros más o menos casuales. Durante la farsa
transicional, la extrema derecha jugó un papel fundamental a la hora de imponer
a sangre y fuego el proyecto continuista del franquismo, asesinando a
militantes destacados del independentismo vasco, comunistas, anarquistas, a
todos aquellos que no se creían el cuento de la llamada reforma política.
Entonces, también se presentaba a la extrema derecha como incontrolada. Pero es
bien conocido que quienes estaban detrás del Batallón Vasco-Español, de los
Guerrilleros de Cristo Rey o de cualquier otra bandera de conveniencia del
terrorismo de Estado eran mandos de la policía, de la guardia civil y de los
servicios de inteligencia, aplicando la estrategia marcada por las más altas
instituciones del Estado. No en vano, se dice que la transición se impuso sobre
dos elementos: la demagogia y el terror. Donde no llegaba la demagogia, actuaba
el terror. Y este terror unas veces adoptaba la forma de represión
institucional y otras las de la guerra sucia. Si bien, en este país, las
fronteras entre la represión política legal y la guerra sucia nunca han
sido muy claras; se ha dado siempre una especie de hibridación entre ambas.
Más
tarde, en los 80, con el GAL, también se utilizó a mercenarios de la extrema
derecha francesa, italiana y de otras nacionalidades. En este caso, el papel
del Estado es aún más evidente, puesto que se llegó a procesar y condenar a los
mandos policiales, de la guardia civil y a algún ministro y secretario de
Estado que no sólo dirigían las operaciones del GAL, sino que, en algún caso,
tomaron parte activa en ellas. Aunque hay que decir que tales condenas no
llegaron a cumplirse en ningún caso. El Estado, de una manera o de otra, supo
perdonar a quienes tan heroicamente (arrancando uñas y practicando las más
sádicas formas de tortura, como en el caso de Lasa y Zabala) cumplieron con el
sacrosanto deber de defender a la patria de la amenaza rojo-separatista. Por
otro lado, las responsabilidades llegaban aún más arriba, es decir, a
personalidades como el expresidente Felipe González y sin ninguna duda al
propio Borbón. La “justicia”, no obstante, no quiso llegar tan lejos. Esa misma
“justicia” no es sino otra institución del Estado burgués, como lo es la
presidencia del gobierno o la monarquía, y no era cuestión de ponerse
excesivamente rigurosos a la hora de enjuiciar nimiedades tales como una trama
de terrorismo de Estado.
También
nos aclara muchas cosas el trato dispensado a los elementos de la extrema
derecha implicados en las diferentes tramas del terrorismo de Estado, no sólo
en la del GAL. A los pocos que fueron procesados, se les aplicaron condenas
irrisorias por hechos gravísimos, y ninguna de ellas fueron tampoco
cumplidas de manera efectiva: libertades condicionales y terceros grados
concedidos antes de tiempo y varias fugas aprovechando las salidas de prisión
impidieron su cumplimiento. Caso conocido es el de Ricardo Sainz de Ynestrillas, procesado por el asesinato de Josu Miguruza, el cual sería puesto en libertad.
Además,
nos encontramos con que notorios asesinos fascistas han sido, al menos hasta
hace unos meses, estrechos colaboradores de la policía y la guardia civil. Tal
es el caso del asesino de la estudiante Yolanda González, brutalmente asesinada
a finales de los 70. Recientemente, fue noticia destacada en varios periódicos,
como El País o El Mundo, que su asesino trabajaba como informático para la
policía y la guardia civil en cuestiones relacionadas con la llamada lucha
antiterrorista. Por
otra parte, un miembro de la Triple A fue guardaespaldas del ex ministro franquista Fraga Iribarne, el asesino
de los obreros de Vitoria cuando desempeñaba las funciones de ministro de
gobernación.
Y
no hace falta esforzarse mucho para encontrar otros casos similares. ¿A quién
le puede extrañar la complicidad entre la extrema derecha y un Estado que ni de
lejos puede ser considerado como democrático? ¿Un Estado,
cuya jefatura la ostenta un rey impuesto por el genocida Franco? ¿Un Estado que
no depuró ni los cuerpos represivos ni el ejército del franquismo? ¿Un Estado
en el que los cargos políticos del franquismo continuaron siéndolo en la “democracia”,
considerándose a algunos de ellos (Adolfo Suárez, entre otros) como los “padres
de la democracia”?
Consideramos
que el combate contra la extrema derecha es otra expresión más de la lucha de
clases y, por tanto, de la lucha contra el Estado capitalista al que esta
extrema derecha sirve. Con el aumento de la conflictividad social, va a
aumentar sin duda esta instrumentalización de los elementos ultraderechistas,
particularmente, en el Estado español, dadas sus especiales
características. El capitalismo no va a escatimar ningún medio, ni legal ni
ilegal, para intentar evitar que su crisis económica, en combinación con su
crisis política, se convierta en la base sobre la que se articule un movimiento
que esté en disposición de iniciar un proceso de transformación social
revolucionaria. La lucha por la superación del capitalismo no es, no puede ser
y no va a ser un camino de rosas.
