La extrema derecha al servicio del capitalismo.

           Un joven anticapitalista francés ha sido asesinado por la extrema derecha. Los medios y los dirigentes políticos han procurado, como en otras ocasiones, presentar las cosas como un hecho aislado o como una consecuencia de las “guerras entre bandas”, entre “radicales y extremistas”, que es el adjetivo bajo el que pretenden aglutinar a fascistas, comunistas o anarquistas, para así confundirlo todo: “los extremos se tocan”, no existen diferencias entre los “radicales” de izquierda y los de derecha... En fin, los lugares comunes del discurso oficial que nos son tan familiares.

            ¿Pero qué hay realmente detrás de éste y de otros asesinatos cometidos por la extrema derecha? ¿Los extremos se tocan y unos y otros “radicales” son en esencia lo mismo o, por el contrario, un extremo está al servicio de los Estados capitalistas y el otro extremo representa la oposición y el combate contra esos mismos Estados capitalistas?

            En nuestra opinión, las acciones de la extrema derecha son parte integrante de la estrategia represiva de los Estados capitalistas, y esto se pone particularmente de manifiesto en los períodos de crisis y de agudización de la conflictividad social, como lo es el que estamos atravesando. Los incontrolados de la extrema derecha no lo son tanto y de un modo u otro son los Estados capitalistas los que dirigen sus pasos, dejándoles hacer o directamente marcando objetivos.

            Alguien puede pensar que la extrema derecha no son más que una panda de descerebrados que actúan guiados por una especie de instinto depredador, lo que, en ocasiones, les lleva a cometer algún asesinato. Sin embargo, es precisamente esto lo que les hace tan útiles para los Estados capitalistas.

            En nuestro país, encontramos numerosos ejemplos de utilización de la extrema derecha para la eliminación de objetivos concretos y de otros más o menos casuales. Durante la farsa transicional, la extrema derecha jugó un papel fundamental a la hora de imponer a sangre y fuego el proyecto continuista del franquismo, asesinando a militantes destacados del independentismo vasco, comunistas, anarquistas, a todos aquellos que no se creían el cuento de la llamada reforma política. Entonces, también se presentaba a la extrema derecha como incontrolada. Pero es bien conocido que quienes estaban detrás del Batallón Vasco-Español, de los Guerrilleros de Cristo Rey o de cualquier otra bandera de conveniencia del terrorismo de Estado eran mandos de la policía, de la guardia civil y de los servicios de inteligencia, aplicando la estrategia marcada por las más altas instituciones del Estado. No en vano, se dice que la transición se impuso sobre dos elementos: la demagogia y el terror. Donde no llegaba la demagogia, actuaba el terror. Y este terror unas veces adoptaba la forma de represión institucional y otras las de la guerra sucia. Si bien, en este país, las fronteras entre la represión política legal y la guerra sucia nunca han sido muy claras; se ha dado siempre una especie de hibridación entre ambas.

Más tarde, en los 80, con el GAL, también se utilizó a mercenarios de la extrema derecha francesa, italiana y de otras nacionalidades. En este caso, el papel del Estado es aún más evidente, puesto que se llegó a procesar y condenar a los mandos policiales, de la guardia civil y a algún ministro y secretario de Estado que no sólo dirigían las operaciones del GAL, sino que, en algún caso, tomaron parte activa en ellas. Aunque hay que decir que tales condenas no llegaron a cumplirse en ningún caso. El Estado, de una manera o de otra, supo perdonar a quienes tan heroicamente (arrancando uñas y practicando las más sádicas formas de tortura, como en el caso de Lasa y Zabala) cumplieron con el sacrosanto deber de defender a la patria de la amenaza rojo-separatista. Por otro lado, las responsabilidades llegaban aún más arriba, es decir, a personalidades como el expresidente Felipe González y sin ninguna duda al propio Borbón. La “justicia”, no obstante, no quiso llegar tan lejos. Esa misma “justicia” no es sino otra institución del Estado burgués, como lo es la presidencia del gobierno o la monarquía, y no era cuestión de ponerse excesivamente rigurosos a la hora de enjuiciar nimiedades tales como una trama de terrorismo de Estado.

También nos aclara muchas cosas el trato dispensado a los elementos de la extrema derecha implicados en las diferentes tramas del terrorismo de Estado, no sólo en la del GAL. A los pocos que fueron procesados, se les aplicaron condenas irrisorias por hechos gravísimos, y ninguna de ellas fueron tampoco cumplidas de manera efectiva: libertades condicionales y terceros grados concedidos antes de tiempo y varias fugas aprovechando las salidas de prisión impidieron su cumplimiento. Caso conocido es el de Ricardo Sainz de Ynestrillas, procesado por el asesinato de Josu Miguruza, el cual sería puesto en libertad.

Además, nos encontramos con que notorios asesinos fascistas han sido, al menos hasta hace unos meses, estrechos colaboradores de la policía y la guardia civil. Tal es el caso del asesino de la estudiante Yolanda González, brutalmente asesinada a finales de los 70. Recientemente, fue noticia destacada en varios periódicos, como El País o El Mundo, que su asesino trabajaba como informático para la policía y la guardia civil en cuestiones relacionadas con la llamada lucha antiterrorista. Por otra parte, un miembro de la Triple A fue guardaespaldas del ex ministro franquista Fraga Iribarne, el asesino de los obreros de Vitoria cuando desempeñaba las funciones de ministro de gobernación.

Y no hace falta esforzarse mucho para encontrar otros casos similares. ¿A quién le puede extrañar la complicidad entre la extrema derecha y un Estado que ni de lejos puede ser considerado como democrático? ¿Un Estado, cuya jefatura la ostenta un rey impuesto por el genocida Franco? ¿Un Estado que no depuró ni los cuerpos represivos ni el ejército del franquismo? ¿Un Estado en el que los cargos políticos del franquismo continuaron siéndolo en la “democracia”, considerándose a algunos de ellos (Adolfo Suárez, entre otros) como los “padres de la democracia”?

         Consideramos que el combate contra la extrema derecha es otra expresión más de la lucha de clases y, por tanto, de la lucha contra el Estado capitalista al que esta extrema derecha sirve. Con el aumento de la conflictividad social, va a aumentar sin duda esta instrumentalización de los elementos ultraderechistas, particularmente, en el Estado español, dadas sus especiales características. El capitalismo no va a escatimar ningún medio, ni legal ni ilegal, para intentar evitar que su crisis económica, en combinación con su crisis política, se convierta en la base sobre la que se articule un movimiento que esté en disposición de iniciar un proceso de transformación social revolucionaria. La lucha por la superación del capitalismo no es, no puede ser y no va a ser un camino de rosas.